Este protocolo, en el cual colaboró la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C, con base en el trabajo de muchos años de acompañamiento legal y psicológico, el litigio de casos y la publicación de modelos de atención, provocó muchas reacciones entre las y los operadores de justicia, pues a pesar de ser un tema que no ocupaba espacios públicos de discusión, los casos que involucraban a esta población eran constantes en los sistemas de justicia del país.
El Protocolo, de la mano con foros académicos de discusión, litigios estratégicos para generar reformas, capacitaciones y políticas públicas en la materia (muchos de los cuales ha liderado la propia ODI) han permitido avanzar en el reconocimiento y garantía del derecho de la justicia adaptada para niños, niñas y adolescentes.
Este no fue un informe fácil de realizar, los órganos jurisdiccionales aún carecen de la práctica de recabar y sistematizar información sobre la forma en que participan las niñas, niños y adolescentes en los procesos, evidenciando la persistencia de invisibilizar la infancia y la adolescencia.