La sentencia del amparo en revisión 400/2020 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborda temas sobre el debido proceso y acciones del Estado frente a infancias solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.
El asunto se originó en el año de 2017, cuando se inició un juicio de amparo en favor de un adolescente no acompañado de 15 años de origen hondureño y solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado, para reclamar las diversas omisiones en que incurrieron las autoridades especializadas en infancia y migratorias.
En esta sentencia la Primera Sala tuvo oportunidad de abordar el derecho de acceso a la justicia y el deber de protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana. Particularmente, se reafirmaron criterios sobre actuaciones que las y los jueces deben emprender frente a la infancia dentro de la sustanciación del juicio de amparo; también confirmó la necesidad de actuaciones coordinadas entre autoridades especializadas en la infancia y aquellas migratorias; además, robusteció el derecho al debido proceso en procedimientos migratorios.