En diciembre de 2021, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia obtuvo sentencia condenatoria en contra un servidor público adscrito a la SEP por diversas agresiones de índole sexual cometidas en agravio de niñas y niños que formaban parte del alumnado de un Jardín de Niños. La sentencia destaca responsabilidades que corresponden a la Secretaría de Educación Pública como ente estatal encargado de la prestación del servicio educativo de forma segura para la infancia y ordena medidas de reparación integral (medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición) a favor de las niñas y niños víctimas y sus familias. La Sentencia sienta un precedente de relevancia para nuestros sistema jurídico en diversos temas: juzgamiento con perspectiva de infancia; responsabilidad del Estado por hechos cometidos por sus agentes; y reparaciones integrales en primera instancia penal.